Todos los mercenarios del Presidente
- Pablo Díaz Gayoso
- 10 mar
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 15 mar
Una historia sobre el peso de las palabras
Había una vez un rey de origen normando que gobernó en Inglaterra. Este rey nombró canciller a su amigo de la infancia para gobernar juntos y, en un momento, lo llegó a nombrar Arzobispo de Canterbury, el máximo rango dentro de la Iglesia cristiana en las islas británicas. Con este golpe de efecto, este rey buscaba asegurarse el control del poder político y mover los hilos del religioso, en una época en la que hacerlo lo suponía todo. Sin lugar a dudas, los planes del rey no contaban con el beneplácito del recién nombrado Arzobispo. El titular religioso se opuso firmemente a los intentos del rey de someter a los clérigos a las leyes del Hombre. Este conflicto entre examigos de la infancia se encontraba lejos de escalar, pero bastaron dos frases del rey para cambiarlo todo.
El rey, en un momento de ira por ver que sus planes no salían como él hubiera querido en un inicio, pronunció en la Corte: "¿No habrá nadie capaz de librarme de este cura turbulento?" o, según otras interpretaciones más recientes: "¿A qué miserables zánganos y traidores he alimentado y criado en mi casa, que permiten que su señor sea tratado con tan vergonzoso desprecio por un clérigo de baja cuna?". Sean estas u otras las palabras pronunciadas por el rey, lo cierto es que cuatro de los presentes interpretaron que el rey deseaba asesinar al Arzobispo y ejecutaron su "orden".
El asesinato de Thomas Becket en 1170 pasó a la historia como un mártir de la Iglesia Católica y su historia sirve para entender la influencia que puede ejercer el poder de forma involuntaria. Hay situaciones donde la frase: "tus deseos son órdenes" se aplica, e incluso en situaciones donde se interpretan esos deseos de forma errónea.
Una historia del muy entregado Príncipe mercenario
La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, como en su primer mandato, está teniendo influencia en los miembros de la Corte que interpretan sus deseos y están encantados de ejecutarlos. Uno de esos miembros es Erik Prince, tradicional donante republicano y fundador del grupo de mercenarios estadounidenses Blackwater (actual Academi), que forma parte del conglomerado Constellis. Prince ya propuso a Trump en 2018 la posibilidad de privatizar totalmente la guerra en Afganistán. Él propuso tomar el mando de la operación por un precio anual de 5 mil millones de dólares. El plan consistía en sustituir a las tropas occidentales en el terreno y ejercer como fuerza paralela al ejército afgano del anterior régimen. En su momento, las autoridades estadounidenses rechazaron el plan de Prince porque significaría "privatizar la credibilidad nacional".
El pasado 25 de febrero se filtró que Prince, antes incluso de que Trump tomase posesión como el 47º Presidente, envió a su equipo un borrador de 26 páginas detallando un plan para privatizar las deportaciones masivas que Trump prometió en campaña. Este plan consistiría en movilizar una flota de una centena de aviones y un "pequeño ejército de ciudadanos estadounidenses legitimados por el presidente para realizar arrestos". Este plan, que costaría 26 mil millones de dólares, se aplicaría totalmente antes de las elecciones midterm de 2026. Para esa fecha, unas 12 millones de personas serían deportadas, obviando las garantías legales más básicas. La Casa Blanca ha remarcado que el borrador de Prince es "no solicitado" y que estos días reciben muchas ofertas "no solicitadas".
El uso de Empresas Militares y de Seguridad Privadas para realizar tareas que deberían estar reservadas al estado no es nuevo. El monopolio del uso legítimo de la fuerza es un dominio que tradicionalmente se ha reservado a los estados, pero sin embargo en las últimas décadas se ha incrementado el uso de "profesionales del conflicto". El fin de la Guerra Fría provocó que los países más implicados, principalmente EEUU, Rusia, Reino Unido y Francia, tuvieran unos ejércitos mucho más grandes que las nuevas amenazas a las que se enfrentaban. Eso generó que gran parte de ese personal con entrenamiento militar se pasase al sector privado y se crearan empresas de los mercenarios modernos o "contratistas".
La guerra abierta y los funerales masivos con ataúdes decorados con la bandera nacional fueron cada vez menos populares. Esto causó que los gobiernos, para evitar ser electoralmente penalizados, recurrieran cada vez más a los contratistas para intervenir en conflictos. Si bien presupuestariamente salen bastante caros, nadie pierde elecciones por los funerales de ataúdes anónimos, sin cámaras y de personas que van a la guerra exclusivamente por el beneficio económico. Así mismo, los contratistas tienen menos controles legales y morales a la hora de intervenir que los empleados públicos, ya que solo están sujetos al cumplimiento del contrato firmado y a las leyes dirigidas a los ciudadanos privados, que son más laxas que las que guían la actuación de los empleados públicos.
Por esa razón, la idea de que la administración Trump recurra a contratistas para llevar a cabo deportaciones masivas no es tan descabellada como podría parecer. La hoja de ruta hacia 2026 requeriría deportar a 500.000 personas al mes, lo que supondría un aumento del 600% respecto al ritmo actual de deportaciones. Esta medida representa una de las violaciones de derechos humanos más masivas desde la era de Stalin, además de que tendría un impacto presupuestario, económico, cultural y social devastador para el país. La propuesta implica reducir la población del país en aproximadamente un 3%, lo que en términos absolutos equivaldría a la población total de países como Túnez, Bolivia o Bélgica.
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