Ley anti-LGBTIQ+ en Hungría: Silenciando la diversidad y desafiando a Europa

La Hungría de Viktor Orbán sigue desafiando las políticas antidiscriminatorias europeas o como él las denomina “la ideología woke” mediante una nueva ley que prohíbe la celebración de eventos públicos del Orgullo LGTBIQ+, incluyendo la emblemática marcha del Orgullo en Budapest, su capital. Marcha que, precisamente este año, celebraba su 30º aniversario en Hungría. En este contexto, varias organizaciones de derechos humanos y líderes europeos han calificado esta decisión como un ataque directo a las libertades fundamentales y un retroceso alarmante en la lucha por la igualdad.

La nueva legislación, que fue presentada en el Parlamento húngaro el 17 de marzo y que se aprobó el 18 de marzo mediante un procedimiento abreviado sin consulta previa, está prevista para entrar en vigor el próximo 15 de abril. Se trata de una modificación de la Ley sobre el Derecho de Reunión que tipifica la celebración de eventos que infrinjan la legislación húngara sobre la Ley de Propaganda, que prohíbe la “representación o promoción” de la homosexualidad a los menores de 18 años. Igualmente establece multas dinerarias de hasta 200.000 florines húngaros que se trasladan a unos 500 euros para aquellas personas que asistan al Orgullo. 

Según el gobierno estas medidas tienen como objetivo “proteger a los menores” y “proteger los valores tradicionales” de la sociedad húngara. Sin embargo la comunidad LGBTIQ+ en Hungría ha expresado su temor y frustración ante este nuevo paradigma represivo donde no sólo se limita la libre expresión de los individuos o el derecho de participación en protestas pacíficas sino que también se incrementa el riesgo de discriminación y violencia sobre el colectivo. "Es una señal de que el gobierno no nos ve como ciudadanos iguales", dijo un activista húngaro en declaraciones a la Associated Press. "Esto no es solo sobre una marcha; es sobre nuestro derecho a existir y ser visibles".

Marcha LGTBIQ+ en Budapest.

Imagen de Anna Szilagyi/AP Photo/picture alliance

Por su parte la Unión Europea, que ha sido el persistente contrapreso de Viktor Orbán desde su llegada al poder debido a la bipolaridad ideológica de ambos, ha condenado enérgicamente la nueva ley. En un reciente comunicado, la Comisión Europea ha expresado su “profunda preocupación” y ha recordado que la protección de los derechos fundamentales de todas las personas es un valor central de la UE y que por lo tanto Hungría tenía la obligación de respetar y proteger estos derechos. 

Aunque Hungría no es el único frente abierto que la UE debe considerar, pues estamos ante una tendencia preocupante en varios países de Europa del Este, donde los derechos del colectivo LGTBIQ+ están bajo creciente presión. Siendo Polonia, un claro ejemplo de esto, pues ha llegado a declarar “zonas libres de ideología LGBTIQ+” en varias regiones del país. Y en la cercana Rusia promoviendo los mismos discursos de odio donde se crean leyes contra la “propaganda homosexual”. 

Este retroceso en derechos no solo representa un desafío para las personas del colectivo, sino también para la UE, la cual se encuentra en un conflicto donde debe valorar el mantenimiento de sus principios y valores frente a las buenas relaciones con los Estados Miembros. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el 9 de mayo de 2022 en Budapest

Ante el preocupante ascenso de la extrema derecha y sus ideologías excluyentes, que amenazan los cimientos mismos de la Unión Europea, es más necesario que nunca fortalecer la institución. La indiferencia de países como Hungría y Polonia frente a las sanciones económicas por incumplir las políticas europeas exige una respuesta contundente. La UE debe reafirmarse como una comunidad democrática y antidiscriminatoria que no tolerará la vulneración de los derechos de sus ciudadanos.

En este contexto, la respuesta de la UE y de la comunidad internacional será crucial en los próximos meses. Si bien las condenas son un primer paso, es imprescindible que vayan acompañadas de medidas concretas para garantizar que colectivos vulnerables, como el LGBTIQ+, sean respetados y protegidos adecuadamente. La UE cuenta con varias herramientas para actuar. Por ejemplo, puede iniciar un procedimiento de infracción (basado en el Artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que podría imponer multas. También podría aplicar el Artículo 7 del Tratado de la UE, que permitiría suspender el derecho a voto de Hungría en las decisiones europeas.

Otra opción es reducir los fondos europeos que recibe Hungría, utilizando el Reglamento (UE) 2020/2092, que vincula el respeto al Estado de Derecho con la recepción de estos fondos. La Comisión Europea podría argumentar que la ley húngara viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (en concreto, los artículos 11 y 21, que protegen la libertad de expresión y la no discriminación) y llevar el caso al TJUE. Además, el Parlamento Europeo puede ejercer presión política y diplomática, mientras que la UE podría buscar el apoyo de organizaciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para reforzar la protección de los derechos LGBTIQ+.

Mientras tanto, la resistencia y resiliencia de la comunidad LGBTIQ+ húngara sigue siendo un faro de esperanza en medio de la adversidad. La UE debe actuar con firmeza para garantizar que los valores de democracia, igualdad y no discriminación prevalezcan, demostrando que no permitirá que se socaven los derechos fundamentales de sus ciudadanos.