La (in)justicia de la representación

Uno de los principales desafíos de las democracias representativas se produce a la hora de convertir los votos en escaños. Por mucho que la ciencia política ha intentado solventarlo, siempre habrá un problema de base: ¿Cómo repartimos un escaño entre dos formaciones políticas que se lo están disputando entre unos pocos decimales? Muchos autores se han atrevido a lanzar respuesta entre las que podemos encontrar que se lo lleve el partido que más escaños haya obtenido durante el recuento, puesto que se lo ha ganado, mientras que otros opinan que habría que dárselo a quien tiene la menor cantidad para favorecer a los partidos pequeños. Sea cual sea el posicionamiento, es imposible ser justos. 

En el caso español, desde la transición a la democracia en 1977 todos los presidentes han necesitado en alguno u otro momento los votos de partidos pequeños para sacar adelante procesos parlamentarios como leyes o los Presupuestos Generales del Estado, lo que para muchos es simplemente normalidad democrática, para otros puede ser injusto que un partido con un puñado de escaños pueda, en definitiva, decidir el rumbo de un país. Cuando se producen unas elecciones generales, el hecho de que la batalla por el reparto de escaños se produzca en cada provincia lleva a paradigmas electorales que son la razón del problema: la sobre/infrarrepresentación de los partidos políticos.

Pedro Sánchez con Miriam Nogueras, de Junts Per Catalunya

Lijphart y Gallargher llegaron a la conclusión de que si el reparto de escaños se realiza dentro de una circunscripción pequeña como es en nuestro caso, la tendencia es a una mayor desproporcionalidad a favor de los partidos más grandes pero esta casuística, en provincias donde los partidos pequeños son los mayoritarios como son los casos de PNV, Bildu, ERC o Junts, en términos absolutos en relación al país, se crea de facto una sobrerrepresentación. Un ejemplo de esto es cuando en 2019 ERC obtuvo un 22,57% de votos en Cataluña que se tradujeron en 13 diputados; en perspectiva a nivel nacional, obtuvieron un 2,36% de los votos y un 3,71% de los escaños del congreso, obteniendo una sobrerrepresentación de 1,35 puntos.

Tras la realización de un pequeño análisis histórico de todas las elecciones generales en España desde 1977, se llega a la conclusión de que los partidos que más se benefician del sistema electoral son el PSOE con una sobrerrepresentación de 14,79 puntos, seguido de la UCD con 14,29 y por último el PP con 13,58. Parece claro que los partidos que tienden a extenderse por el territorio y capitalizar el voto del bloque son quienes más se benefician de ello, donde florecen otros temas como pedir el “voto útil” ya que, otros partidos de corte nacional que no llegan a capitalizar el voto al bloque como son Podemos,  Vox o Sumar solo obtienen una media de 1,6 puntos. 

En los casos de los partidos autóctonos de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, quienes históricamente han sido los mayores benefactores de la debilidad de los gobiernos centrales al necesitar sus votos, han copado las portadas de los medios de comunicación con términos como “poca legitimidad” o “demasiada importancia” pero ¿es cierto esto? La respuesta es clara: no lo están. En el caso de Cataluña, la izquierda (principalmente ERC) ha tenido una media de sobrerrepresentación de 0,28 puntos mientras que la derecha ha estado mayor beneficiada con un 0,87. En el caso vasco pasa lo mismo, la izquierda (cuyos datos recogen los resultados electorales de Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra o Bildu), apenas llegan a una media de 0,19 mientras que la derecha un 0,72. 

Pere Aragonès, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián en la rueda de prensa tras los resultados del 23J

Mientras que los datos nos dicen que la desviación entre el porcentaje de voto obtenido no difiere mucho del porcentaje de escaños que se ocupan en el congreso, el relato que nos llega a los ciudadanos desde los medios de comunicación es otro muy diferente al que, intentando evitar todo el ruido generado, se nos presenta la pregunta de que hasta qué punto es legitimo que un partido que ocupa menos de 10 escaños de 350 en el Congreso de los Diputados tiene la legitimidad para condicionar a todo un país.

La forma del sistema político puede ayudarnos a responder a esta pregunta. España, como sistema parlamentario bicameral donde el Presidente del Gobierno es elegido mediante votación en el Congreso, está pensado para que pueda haber una mayor estabilidad, ya que las mayorías conseguidas para esto son las que, en teoría, se mantendrán para continuar el transcurso de la legislatura mientras que otros países donde los ciudadanos votan de forma separada las cámaras de representantes y al presidente pueden llevar a que cambie el sentido del voto entre una elección y otra lo que conduce, de facto, a un momento de parálisis donde por mucho que un presidente quiera realizar sus funciones ejecutivas, las cámaras legislativas tienen la potestad de bloquearlo. No me refiero a que esto no pueda ocurrir en nuestro país (como de hecho ya ocurrió con Mariano Rajoy y la falta de apoyo de Ciudadanos o con Pedro Sánchez y la votación en contra de ERC a los PGE) si no que la relación de estabilidad y los contrapesos de poder están pensados de manera distinta en países como España y Estados Unidos.

La política es el arte de saber negociar, donde la fuerza parlamentaria es el punto de partida para medir fuerzas. Dejo al lector la libertad de decidir si los partidos pequeños están sobre o infrarrepresentados y si es legítimo que estos puedan condicionar el porvenir de todo el país. La realidad es que los partidos que más se benefician del sistema electoral son los mayoritarios (PP y PSOE) y que también es justo que los pequeños partidos puedan interponer sus intereses legítimos sobre la mesa para poder responder a sus votantes, donde los lugares más políticamente olvidados puedan tener la atención que necesitan.