La Corea que pudo (re)surgir del frío diciembre
- Pablo Díaz Gayoso
- 3 mar
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Actualizado: 3 mar
Las primeras semanas de diciembre en 2024 en Corea han estado marcadas por una situación de inestabilidad política inédita en el país asiático. Si bien la figura del impeachment o juicio político al Presidente de la República ha sido usada con anterioridad, nunca había puesto en jaque al sistema democrático como en la actual. El único precedente exitoso fue contra la presidenta Park Geun-hye en 2017 a razón de un escándalo de corrupción y abuso de poder. Para entender las razones por las que se ha llegado a esta situación política actual, así como la respuesta popular, hay que remontarse a los orígenes de la República de Corea como nación democrática.
Antecedentes: Corea es porque fue
Las bases democráticas de Corea del Sur se fundamentan en la resistencia contra los regímenes autoritarios y su uso abusivo de la ley marcial. Durante gran parte de su historia como república independiente, Corea del Sur estuvo gobernada por un régimen dictatorial de carácter militar. Los sucesivos gobiernos autoritarios se caracterizaron por reprimir de manera contundente cualquier tipo de protesta prodemocrática y antigubernamental, que ocurrían con frecuencia. No fue hasta 1987, con las históricas protestas conocidas como 'La Lucha Democrática de Junio', impulsadas por estudiantes, trabajadores y la sociedad civil organizada, que cayó el régimen del general Chun Doo-hwan.
Ese momento marcó el fin de la intervención de los militares en la política surcoreana, poniendo fin a una era de represión y abriendo un nuevo capítulo para la democracia en el país. O al menos eso fue así hasta el 3 de diciembre de 2024, tras 36 años de ininterrumpida democracia liberal multipartidista.
Medidas antiliberales para "salvar" al liberalismo
El día 3, de madrugada y sin previo aviso, el presidente Yoon Suk Yeol, quien había ganado las elecciones en marzo de 2022, anunció en un mensaje televisado la imposición de la ley marcial. El presidente Yoon justificó dichas medidas bajo la necesidad de "Salvaguardar una Corea del Sur liberal de las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas y eliminar el elemento antiestatal".
La Orden Presidencial incluía la prohibición de todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, las asambleas locales, los partidos políticos, las asociaciones políticas, las concentraciones y las protestas. El carácter autoritario y anticonstitucional de la Orden superaba el nivel de vulneración de los derechos civiles y políticos de los peores momentos de las dictaduras. Al menos durante las dictaduras militares, los decretos de ley marcial condicionaban las reuniones en el exterior a obtener una autorización. Además, la Constitución de Corea establece en su artículo 77 que, durante la aplicación de la ley marcial, que solo debe aplicarse en situaciones extremas no pertinentes a la actual, la Asamblea Nacional debe ser notificada sobre su implementación y tiene la potestad de detener su aplicación.
La situación que se desencadenó ese día tiene su origen en la cohabitation que existe en Corea. El partido mayoritario en la Asamblea Nacional es el Partido Demócrata o PD, con 173 escaños, y es opositor al Partido del Poder Popular o PPP, con 108, el partido del expresidente Yoon Suk Yeol. Esta disparidad política institucional ha desencadenado una serie de desencuentros entre ambos poderes. Por ejemplo, la tardanza de los líderes de ambos partidos en reunirse, que tardó 720 días desde la toma de posesión de Yoon, la no comparecencia de Yoon en la Asamblea Nacional para discutir la ley de presupuestos o la imposición del veto presidencial 25 veces a las leyes que emanaban del parlamento unicameral surcoreano. Aplicando la teoría de juegos a esta situación, ambas partes se sentían legitimados para no moverse de su posición y no veían el beneficio en el pacto político; de esta manera se llegó a un punto de estancamiento más propio de una guerra de trincheras que de diálogo democrático.
Corea no quiso volver a ser lo que fue
Finalmente, la ley marcial fue depuesta a las pocas horas por la Asamblea Nacional, reunida de emergencia y contra la voluntad de los militares allí desplegados. Por otro lado, el presidente Yoon ha pasado por dos procesos de impeachment impulsados por la oposición. El primero convocado el 7 de diciembre no fue exitoso. Ya que requería el voto favorable de dos tercios del parlamento, es decir, 200 diputados, y el PPP consiguió que 105 de los 108 diputados de su grupo se ausentaron de la votación. Este boicot inicial generó una situación de inestabilidad sin precedentes en el país.
Durante la semana que ha transcurrido entre el primer y el segundo proceso de juicio político, Corea ha estado oficialmente descabezada. Por un lado, varios oficiales del ejército coreano reconocieron a la prensa que, ante otro posible decreto de ley marcial impuesto por Yoon, ellos desacatarían la orden de su comandante en jefe. Por otro lado, el 9 de diciembre, el Ministro de Justicia, antes de ser suspendido por el impeachment, emitió una orden prohibiendo al presidente Yoon salir del país. El Ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, intentó suicidarse el 11 de diciembre ante su inminente arresto, junto con el jefe de policía de Seúl y otros altos cargos en materia de seguridad nacional, por su implicación en el intento de golpe. Mientras tanto, los miembros del PPP intentaron negociar un acuerdo de 'salida ordenada' con el presidente Yoon, acuerdo que no ha llegado a aplicarse.
El final de Yoon en la política coreana ha llegado por la vía forzosa al ser aprobado el segundo impeachment el pasado sábado 14 de diciembre. En esta segunda votación sí participó el PPP, y se aprobó con 204 votos favorables la destitución del presidente por traición. Ahora el poder lo ostenta provisionalmente el primer ministro Han Duck-soo, y el país está a la espera de la confirmación de la destitución por parte del Tribunal Constitucional en el plazo de 180 días. El resultado de esta condena política no excluye de las posibles consecuencias judiciales de corte criminal que se están tramitando estos días contra los autores de intento de golpe.
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