El SAVE ACT: La Amenaza Oculta para el Sufragio de las Mujeres en EE.UU
- Marta Fernández Martínez
- 5 mar
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Actualizado: 7 mar
Desde la llegada de Trump a la administración americana, innumerables decretos presidenciales y proposiciones de ley han sido aprobados en un tiempo récord, después de que los republicanos hayan recobrado el tan codiciado poder tanto en la Cámara de los Representantes como en el Senado.
En este contexto, no han querido dejar pasar la oportunidad de aprovechar el boom del “fraude electoral” de las pasadas elecciones de 2024 para introducir una nueva ley que propone “salvaguardar” la democracia.
La propuesta de ley titulada la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (Safeguard American Voter Eligibility o SAVE Act) encabezada por el representante texano Chip Roy fue originalmente introducida el 3 de junio de 2024 llegando a pasar al Senado, donde sería rechazada por la mayoría demócrata. Sin embargo, gracias al nuevo auge republicano ha vuelto a introducirse a la Cámara de los Representantes el pasado 3 de enero, con el aseguramiento de que será aprobada sin mayor esfuerzo.
El SAVE Act vendría a modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para exigir una prueba de ciudadanía de Estados Unidos a aquellas personas que quisieran registrarse para votar en las elecciones. Esta medida provocaría una mayor burocratización del proceso de registro, obligando a los ciudadanos a presentar una serie de documentación que actualmente la gran mayoría de estadounidenses no disponen.
Según los líderes republicanos, esta nueva ley es incipiente para mantener las elecciones libres de votantes no estadounidenses. Pues en palabras de Chip Roy las elecciones han sido «secuestradas» por extranjeros. Sin tener en cuenta en primer lugar, que el porcentaje de votantes extranjeros es minúsculo (por ejemplo, consideramos el caso de Georgia en 2024, donde se descubrieron a 20 no ciudadanos de los 8,4 millones de votantes registrados, es decir el 0,00024%) y en segundo lugar ya era ilegal votar como no ciudadano, y en todo el país se aplicaban varias medidas para ello.
El Save Act establece que para el registro será necesario presentar alguno de los siguientes documentos en persona: un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta militar de los EE.UU, un documento de identidad en el que incluya el lugar de nacimiento (en este sentido existe una gran disparidad entre Estados, pues muchos no incluyen el lugar de nacimiento en los permisos de conducir o los documentos de identidad estatales, por lo que sus ciudadanos tendrían que solicitar nuevos documentos de identidad), un certificado de nacimiento o un certificado de naturalización.
Este requisito de prueba de ciudadanía en persona también eliminaría los populares métodos de registro online. Además de establecer penas de prisión de hasta 5 años a aquellos trabajadores electorales que registren a ciudadanos sin la documentación adecuada.
Ahora hablemos de los datos, las pasadas elecciones tuvieron una participación de 153 millones de estadounidenses, de los cuales aproximadamente se calcula que 146 millones no poseen un pasaporte válido. Más de 21,3 millones de estadounidenses carecen de acceso inmediato a una prueba documental de ciudadanía. De estos porcentajes debemos considerar igualmente la gran desigualdad de acceso a este documento dependiendo del nivel socioeconómico. Pues 4 de cada 5 estadounidenses con ingresos inferiores a 50.000 dólares no tiene un pasaporte válido.
Los grupos sociales más afectados serían: la clase baja y media, las personas transgénero (al haber cambiado sus nombres oficiales, no existe concordancia con sus certificados de nacimiento y podrían ser denegados), las personas discapacitadas, los ciudadanos de tercera edad, los afroamericanos (se estima que tienen tres veces más de probabilidades de carecer de documentos como certificados de nacimiento, pasaportes, certificados de naturalización o de ciudadanía) y las mujeres casadas.
Aquí entra lo interesante de esta propuesta de ley, pues lo que realmente esconde es un vacío legal en el que el derecho al voto de las mujeres (aparte de los otros colectivos mencionados) podría quedar gravemente mermado.
El porqué afectaría viene relacionado con el sistema de apellidos establecido en Estados Unidos, en el que las mujeres al casarse toman el apellido de sus maridos realizando un cambio de nombre oficial.
La cuestión de que una mujer adoptase el apellido de su marido se remonta a la doctrina del “coverture” mediante el derecho consuetudinario inglés del siglo IX, en el que se asociaba a la mujer como propiedad primero de su padre y luego de su marido y por lo tanto debía llevar el mismo nombre que sus dueños. Esta doctrina impedía a las mujeres celebrar contratos, entablar litigios, participar en negocios o tener propiedades. Durante el siglo XIX en EE. UU. no era obligatorio que las mujeres conservasen su apellido de soltera, no obstante, las que decidían mantenerlos se enfrentaban a diversos problemas legales. Por ejemplo, en la década de 1850 Lucy Stone fue una destacada sufragista que impulsó el mantenimiento de los apellidos de soltera, cuando ella misma fue excluida de ejercer su derecho al voto al no haber cambiado su nombre por el de su marido. Gracias al movimiento feminista las mujeres estadounidenses encontraron avances mediante las Leyes de Propiedad de la Mujer Casada donde las mujeres adquirieron un estatus legal individual. Aunque no fue hasta la década de 1970 cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una ley de Tenesse que obligaba a las mujeres a adoptar el apellido de sus maridos para registrarse para votar, que encontramos una verdadera base legal que protegiera los derechos civiles de las mujeres americanas. Aunque a pesar de estos cambios legales, culturalmente las mujeres estadounidenses siguen manteniendo esta tradición enraizada en la dominación masculina. Y es que menos del 20% deciden mantener sus apellidos al contraer matrimonio.
Actualmente 69 millones de mujeres que han adoptado el apellido de su cónyuge no tienen certificado de nacimiento que coincida con su nuevo nombre legal, esto supone el 84% de todas las mujeres casadas en EE. UU.
Ya desde varias asociaciones e instituciones defensoras de los derechos civiles han denunciado el gran peligro que corren las mujeres ante esta nueva propuesta de ley. Al no coincidir los nombres entre los documentos de identidad y los certificados de nacimiento, sumado a que la misma proposición no menciona la posibilidad de mostrar un certificado de matrimonio o documentación de cambio de nombre, las mujeres estadounidenses no podrían acceder al registro de votantes y quedar legalmente excluidas de ejercer su derecho al voto.
No debemos pensar que este vacío legal es accidental, pues ya en 2020 la activista antiaborto y oradora del partido republicado Abby Jhonson mostró su apoyo al “voto familia” donde el cabeza de familia, es decir, el hombre, emitiría un voto para toda su familia (un argumento que data de la época del sufragio femenino antes de que se aprobara la 19ª Enmienda) e igualmente, el Proyecto 2025 aprobaba explícitamente y promovía este modelo machista de voto. Por lo que, si finalmente se aprueba esta propuesta de ley, el voto familiar podría considerarse el siguiente paso legislativo de Trump.
En síntesis, el SAVE Act supondría un gran retroceso para los derechos civiles de los estadounidenses y en concreto para los derechos de la mujer. Sólo nos queda esperar los siguientes avances legislativos, aunque según expertos, lo más posible es que sea aceptada por ambas cámaras del Congreso sin mayor problema.
Brillante artículo con datos objetivos que muestran una vez más la trama oculta de Trump, para ir eliminando poco a poco y sutilmente derechos de las mujeres, no es consciente de que se enfrenta a la mitad de la población. Los tiempos han cambiado, tanto que por mucho que quiera hacernos retroceder, no lo conseguirá. No porque los hombres también han evolucionado y se posicionan a favor de los mismos derechos y la igualdad de la mujer.