Cuando una vaca tiene más derechos que una mujer
- Marta Fernández Martínez
- 15 abr
- 3 Min. de lectura
Mientras veía una serie sobre un veterinario rural en Michigan, una escena me dejó pensativa: el protagonista realizaba sin dudar un aborto a una vaca cuyo feto había muerto, explicando que era necesario para salvar la vida de la madre y proteger el sustento del ganadero. Este sencillo acto de pragmatismo médico y económico contrasta brutalmente con lo que ocurre actualmente en estados como Idaho, donde las mujeres embarazadas se encuentran atrapadas en una pesadilla legislativa que las coloca en un escalón por debajo del ganado en cuanto a derechos médicos básicos.
El caso Estados Unidos contra Idaho ejemplifica esta contradicción. Todo comenzó cuando el gobierno de Biden presentó una demanda para garantizar que los hospitales de Idaho cumplieran con la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA), una normativa federal que obliga a los centros médicos a proporcionar atención de emergencia, incluyendo abortos cuando son necesarios para salvar la vida del paciente. La demanda buscaba proteger a las mujeres que llegaban a urgencias con complicaciones como hemorragias, sepsis o embarazos inviables, situaciones donde la interrupción del embarazo es el único tratamiento posible.
Sin embargo, Idaho tiene una de las leyes más extremas del país: el aborto solo está permitido cuando la muerte de la madre es inminente, dejando fuera casos de riesgo grave pero no inmediato, como daños orgánicos permanentes o fetos sin posibilidad de supervivencia. Peor aún, los médicos que realicen abortos en estas circunstancias arriesgan hasta cinco años de prisión. El resultado ha sido una fuga masiva de especialistas en obstetricia y ginecología, dejando a las mujeres sin acceso a cuidados básicos y poniendo en peligro todo el sistema sanitario del estado.
La reciente decisión de la administración Trump de retirar el apoyo federal a este caso no es un mero tecnicismo legal, sino un movimiento calculado que forma parte del Proyecto 2025, el plan de la derecha radical para eliminar progresivamente los derechos reproductivos en todo el país. Al abandonar esta demanda, están enviando un mensaje claro: los estados pueden ignorar las protecciones federales y dejar que las mujeres mueran en nombre de su cruzada ideológica.
Lo más revelador de todo esto es la contradicción económica que subyace a estas políticas. En un país donde el capitalismo dicta cada aspecto de la vida, resulta chocante que no se aplique la misma lógica de coste-beneficio que rige en las granjas. Cuando una vaca sufre complicaciones en el parto, el cálculo es sencillo: salvar a la madre protege la inversión del ganadero. Pero cuando una mujer se enfrenta a un embarazo inviable, de repente la ecuación cambia: un feto sin cerebro tiene más derecho a seguir gestándose que la vida, la salud y la productividad económica y social de una persona adulta.
Esta doble moral tiene consecuencias tangibles para la economía de estados como Idaho. Las profesionales en edad reproductiva están abandonando estos territorios, las empresas tienen dificultades para atraer talento y el sistema sanitario se resiente ante la falta de especialistas. Idaho, que sistemáticamente ha ocupado siempre el último lugar entre los estados de Estados Unidos por el número de médicos que tiene por cápita, tras la entrada en vigor en 2022 de la prohibición estatal del aborto, ha sufrido una pérdida de más de una cuarta parte de sus profesionales en obstetricia. Y encuestas más recientes han evidenciado que más de un 95% de los médicos se han planteado abandonar el Estado por esta circunstancia. Los costes de atender emergencias obstétricas evitables recaen sobre los contribuyentes, mientras que las secuelas físicas y psicológicas de negar cuidados médicos básicos lastran la productividad laboral.
El mensaje que transmiten estas políticas es claro: en la América conservadora, una vaca tiene más valor que una mujer. Mientras los ganaderos pueden tomar decisiones médicas basadas en la ciencia y la economía, las mujeres son reducidas a meras incubadoras, cuyo valor social se limita a su capacidad reproductiva.
Mientras el veterinario de Michigan sigue realizando abortos a vacas con el apoyo unánime de su comunidad, en Idaho las mujeres se ven obligadas a arriesgar sus vidas por un embarazo inviable. La diferencia de trato no podría ser más elocuente: en el capitalismo estadounidense, algunos seres vivos tienen derecho a cuidados médicos básicos, y otros no. La conclusión es tan simple como aterradora: cuando la ideología supera a la razón, incluso el ganado recibe mejor trato que la mitad de la población.
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